La situación de violencia en Buenaventura se ha recrudecido en los últimos meses, generando una crisis humanitaria. Sus habitantes viven hoy con miedo, zozobra, desesperanza, incertidumbre ante lo que está pasando.
Según la Defensoría del Pueblo, al menos 200 personas fueron desplazadas de su territorio en las últimas semanas.
De acuerdo con cifras de la Policía, aumentó en un 200 por ciento el número de asesinados en esta ciudad: mientras que en enero de 2020 fueron 7 homicidios, en enero de 2021, se llegó a los 22 asesinatos.
Grupos armados ilegales patrullan la ciudad y son frecuentes los enfrentamientos armados al interior de los barrios. La población civil queda en medio del fuego, a merced de las bandas criminales. Hay confinamientos, extorsiones, acaparamiento de víveres y toda clase de abusos contra quienes habitan las diferentes comunas, especialmente contra las mujeres, los niños y las niñas.
Es doloroso saber que la mayor parte de personas involucradas en los grupos armados son jóvenes menores de 25 años, quienes son utilizados para engrosar las filas delincuenciales y realizar sus actividades criminales e ilegales.
Ciertamente, y como se ha denunciado ampliamente, esta situación tiene que ver con las pretensiones de dominio territorial por parte de bandas armadas, para llevar a cabo el narcotráfico, el microtráfico, las extorsiones y demás acciones delictivas.
Pero, en el fondo, no podemos olvidar que las causas más estructurales de la violencia en Buenaventura, tienen que ver con el racismo contra los hombres y las mujeres del Pacífico colombiano, el abandono estatal y su incumplimiento de salvaguardar la vida y los derechos de las gentes, el poderío de las clases dominantes del país que han trazado el Plan 2050 para “modernizar” el puerto y aprovecharse sólo ellas de sus beneficios.
Gran parte de la presencia de grupos armados ilegales, de su actuar violento y del desplazamiento de las comunidades está sucediendo en zonas destinadas a la ampliación del puerto, la construcción de otros nuevos y la apertura de negocios nacionales e internacionales. ¿Simple coincidencia o habrá algo más de fondo, como, por ejemplo, despoblar los territorios para desarrollar nuevas empresas portuarias?
Así sucedió anteriormente. Y no es raro que la historia vuelva a repetirse.
Ante todo, ello, el pueblo bonaverense vuelve a levantarse en resistencia y con dignidad para exigir garantías plenas para sus vidas y la vigencia real de sus derechos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales.
La memoria del Paro Cívico sigue vigente y las raíces ancestrales fortalecen sus protestas y sus propuestas para vivir en paz, desde lo propio: ¡EL PUEBLO SE RESPETA CARAJO!
Niños, niñas, jóvenes y mujeres de Buenaventura merecen todo nuestro respaldo, solidaridad y acompañamiento frente a las múltiples violencias e injusticias que les lastiman.
Es importante dar a conocer a la opinión pública nacional y mundial lo que está sucediendo en estos territorios, así como incrementar las exigencias a los gobiernos local, regional y nacional para que den respuestas inmediatas, eficaces e integrales ante la violencia y establezcan medidas que pongan fin a los abusos y al abandono secular que han tenido que soportar las poblaciones del Pacífico Colombiano.
Febrero 9 de 2021.
(la imagen ha sido descargada de www.soyde.com)